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Iniciativa:

LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

Comisión:

Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales


Texto de la Iniciativa:

Managua, 7 de Junio de 2005
DICTAMEN
Ingeniero
RENE NÚÑEZ TÉLLEZ
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho

Estimado Ingeniero:

La Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, ha procedido a dictaminar el Proyecto de Ley Especial de Delitos contra el Ambiente y los Recursos Naturales, que fuera presentado el 5 de mayo del 2004 y remitido a esta Comisión el pasado 12 de mayo del 2005 para su dictamen en consulta con la Comisión de Justicia.

La Comisión ha revisado la Exposición de Motivos que fundamenta la presente iniciativa y está de acuerdo con los argumentos planteados, mismos que aún conservan su vigencia y que hacen de este Proyecto de Ley una necesidad inmediata a considerar.

No obstante lo anterior, la Comisión realizó, y estuvo realizando con anterioridad, las consultas pertinentes a instituciones involucradas en el tema, como la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), el Centro Humboldt, Club de Jóvenes Ambientalistas, la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANAPA), entre otras, quienes hicieron entrega de valiosos aportes, consideraciones y sugerencias al Proyecto de Ley que han permitido enriquecer y mejorar los Capítulos correspondientes.

Las consultas dieron como resultado una opinión totalmente favorable a la tipificación penal de actividades ilícitas en contra del medio ambiente y los recursos naturales, como la contaminación atmó sferica, los suelos y las aguas, el ruido, la deforestación, tala y corte de madera ilegal, las quemas o incendios, derrames, protección de flora y fauna, pesca ilegal, minería ilegal, entre tantas actividades consideradas como las de mayor importancia que se realizan en el país y que no están sometidas a ninguna regulación desde el punto de vista criminal y que atentan contra la salud y la vida humana en general.

Durante las consultas llamó mucho la atención de la Comisió ;n, la prioridad y urgencia con que la opinión pública y los diversos sectores consultados, esperan desde hace años que se legisle en esta materia, debido al atrazo involuntario que se ha tenido con la aprobación del nuevo Código Penal el que al final será quién lo incorpore a su texto vigente o lo haga formar parte especial del mismo para ser aplicado por los tribunales de justicia como autoridad competente para el caso de los delitos de carácter penal, que ahora cuenta con el apoyo y la vigencia del nuevo Código Procesal Penal.

La Comisión conoció que muchos países como México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Honduras y Panamá ante el alarmante empuje al deterioro ambiental y de los recursos naturales, han tenido que recurrir a la creación de legislaciones especiales o a la incorporación de Títulos Especiales al Código Penal vigente, tipificando éstas actividades como delitos de carácter ambiental con sus propias sanciones que van desde multas cuantiosas, prisión y cierre o cancelación de locales involucrados en estas actividades ilícitas, con lo cual también han fortalecido sus instrumentos jurídicos internacionales en materia ambiental -Tratados, Convenios y Acuerdos- suscritos y ratificados por estos países.

Es tan visible el grado de deterioro ambiental en que nos encontramos, que su aceleración exige recurrir a establecer sanciones coercitivas de este tipo por cuanto el Principio de intervención mínima y las medidas administrativas y de prevención no han logrado ser efectivas. Retomando en este caso lo expresado por especialistas en la materia que señalan: "que aún cuando la protección jurídica del ambiente tiene un rango constitucional, su eficacia ha sido casi nula, por lo que la urgencia del tema está dada por lo irreversible que resultan frecuentemente los daños causados".

En este sentido la Comisión está de acuerdo en que ningún precepto penal ha de poder por sí solo lograr la desaparición de las actividades nocivas para las personas o el medio ambiente, pero también es concluyente que cualquier política o regulaciones que se pretenda imponer con rigor necesita del auxilio del derecho penal.

Con base a lo antes expresado, la Comisión considera que este Proyecto de Ley es una respuesta inmediata a la delicada problemática ambiental del país, misma que ya no acepta más posposición dado el enorme embate irracional de que es objeto, así como, a su fragilidad y vulnerabilidad a la que está sometida continuamente sin ningún freno.

En este sentido la Comisión también considera que es impostergable el dotar a las autoridades encargadas de la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, de un instrumento coercitivo como éste, para empujar o iniciar procesos judiciales en contra de las personas naturales o jurídicas que realizan estas acciones ilegales y que actualmente no cuentan con una tipificació n delictiva ni sanciones coherentes con el daño producido.

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, actualmente en revisión, es la única que contempla sanciones de carácter administrativas lo que ha tenido poca efectividad por la fragilidad que las mismas presentan para poder impartir justicia ante acciones que ameritan más que una sanción administrativa o una multa irrisoria.

Por lo antes señalado la Comisión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en uso de las facultades establecidas en el Estatuto General y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, estando claros que la presente iniciativa no se opone a la Constitución Política ni a las demás leyes de la materia, DICTAMINA FAVORABLEMENTE el Proyecto de LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES, recomendando al Plenario su aprobación en lo general y en lo particular.

Atentamente,


COMISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES


JAIME MORALES CARAZO

FREMIO ALTAMIRANO ANA LAZO ALVAREZ

JOSE A. MARTINEZ BLADIMIR PINEDA

MA. EUGENIA SEQUEIRA OCTAVIO ALVAREZ

RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ VICTOR DUARTE


LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I


Que la Constitución Política establece que es obligación del Estado preservar y garantizar a los ciudadanos un ambiente saludable y en armonía con la naturaleza.


II


Que la existencia de la vulnerabilidad ambiental cada día se agrava más como producto del accionar de la sociedad sobre la naturaleza, que afecta a nuestros recursos naturales y por ende al patrimonio de todos los nicaragüenses, poniendo en riesgo la calidad y condiciones del medio ambiente y la salud, a través de la contaminación de los suelos, las aguas y la atmósfera en sus diferentes modalidades como los ruidos, olores, vertidos, basura y deshechos nocivos, la tala, quema y destrucció ;n de nuestros bosques de manera indiscriminada, entre otras principales actividades.


III


Que para coadyuvar en un verdadero Desarrollo Humano Sostenible y mientras se aprueba el nuevo Código Penal, se hace necesario tomar medidas urgentes y coercitivas ante los impactos ambientales negativos y prácticas que violentan normas elementales de comportamiento y convivencia social, principios de ética y humanitarios, que se incrementan cada día, para lo cual es necesario establecer la tipificación de algunas acciones más relevantes como delitos en contra del ambiente y los recursos naturales, mediante una legislación especial que permita frenar el avance acelerado de la degradación y pérdida de nuestros ecosistemas.

En uso de sus facultades

HA DICTADO

La siguiente,


LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES


Arto. 1 Objeto.- La presente Ley tiene por objeto establecer la tipificación como delitos y las sanciones penales correspondientes, para aquellas actividades que violen o alteren las disposiciones relativas a la conservación, protección, manejo, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales, así como, el establecimiento de la responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados por las personas naturales o jurídicas que resulten con responsabilidad comprobada.

Arto. 2 Competencia. - La aplicación de la presente Ley y su reglamento corresponde al Poder Judicial a través de los Juzgados de Distritos del Crimen y Juzgados de Distritos de lo Civil establecidos en todo el país, debiendo dar participación a la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y de los Recursos Naturales, quien ejerce la representación y defensa de los intereses del Estado y de la sociedad civil en esta materia.

Arto. 3 Definiciones.- Para efectos de esta Ley, pasan a formar parte de la misma las definiciones establecidas en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley 217, del 6 de junio de 1996 y, las contenidas en otras Leyes de cará cter sectorial, así como, la de los Convenios o Tratados Internacionales ratificados por Nicaragua en materia ambiental.

Arto. 4 Normas técnicas.- Para establecer la conducta ilícita, la autoridad judicial deberá observar y auxiliarse de lo que para tal efecto determinen las normas técnicas obligatorias u otras normativas ambientales, que fijen los límites permisibles al ambiente, dictadas por las instituciones competentes de conformidad a sus atribuciones establecidas en la Ley de la materia.

Arto. 5 Medidas cautelares.- Durante el proceso judicial de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, la autoridad competente, ya sea de oficio o a petición de parte o de la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y de los Recursos Naturales, deberá adoptar medidas cautelares o de orden legal, con el fin de restaurar, prevenir o evitar la continuidad de los efectos del daño causado, entre estas las siguientes:

a.- Realización de acciones necesarias para restablecer los ecosistemas afectados al estado en que se encontraban antes de cometer el delito.

b.- Suspensión, cancelación, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades que hubieren dado lugar a la realización del delito.

c.- Devolución de ejemplares o especies de la biodiversidad a los hábitat de donde fueron sustraídos.


CAPITULO II

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE


Arto. 6 Contaminación del suelo.- Las personas naturales o jurídicas que sin autorización realicen directa o indirectamente, o autoricen y permitan el descargue, deposito o infiltración de aguas residuales, líquidos o materiales químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes tóxicos en los suelos, por lo que se ocasione o pueda ocasionar daños a la salud, a los recursos naturales, la biodiversidad, calidad del agua o a los ecosistemas en general, se impondrá una pena de seis meses a cinco años de prisión y multa en córdobas equivalente entre un mil (U$ 1,000.00) a cincuenta mil dólares (U$ 50.000).

Arto. 7 Contaminación de aguas.- La misma pena del artículo anterior se impondra a las personas naturales o jurídicas que sin autorización realicen directa o indirectamente, o autoricen y permitan el descargue, deposito o infiltración de aguas residuales, líquidos o materiales químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes tóxicos en aguas marinas, ríos, cuencas y demás depósitos o corrientes de agua, que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud, a los recursos naturales, la biodiversidad, calidad del agua o a los ecosistemas en general.

Arto. 8 Contaminación Atmósferica.- El que mediante el uso o la realización de quemas de materiales sólidos y líquidos, químicos o bioquímicos genere o descargue emisiones puntual o continua que contaminen la atmósfera y el aire con gases, humo, polvos o contaminantes que ocasionen daño a la salud de las personas, a los recursos naturales, la biodiversidad o a los ecosistemas, se le impondrá la misma pena señalada en el artículo anterior.

Arto. 9 Contaminación por ruido.- El que utilizando medios electrónicos sonoros o acústicos de cualquier naturaleza, tales como altoparlantes, radios, equipos de sonido, alarmas, pitos, maquinarias industriales, plantas o equipos de cualquier naturaleza y propósitos, instrumentos musicales y micrófonos, entre otros, ya sea en la vía pública, en locales de congregaciones religiosas de diferentes denominaciones o de cualquier otro orden, en centros poblaciones, residencias o viviendas populares o de todo orden, cerca de hospitales, clínicas, escuelas o colegios, oficinas públicas, entre otras, produzcan sonidos a mayores decibeles que los establecidos por la autoridad competente y de las normas y recomendaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que causen daño a la salud o perturben la tranquilidad y descanso diurno y nocturno de los ciudadanos será sancionado con multa equivalente en córdobas entre quinientos (U$ 500.00) a tres mil (U$ 3.000.00) dólares, además de la suspensión, cancelación o clausura de las actividades que generan el ruido ó malestar.

Se exceptúan los que tengan establecidos sistemas de protección acústica que impidan la emisión de sonidos, música o ruidos, hacia fuera de los locales debidamente adecuados para tales fines y que cuenten con la autorización municipal y policial correspondiente y dentro de los horarios permitidos.

Arto. 10 Transporte de materiales y desechos peligrosos o contaminantes.- Las personas naturales o jurídicas que transporten en cualquier forma materiales y desechos peligrosos y contaminantes o a quién autorice u ordene su realización en contravención a la legislación ambiental vigente en esta materia, se le impondrá una pena de seis meses a cinco años de prisión y multa en córdobas equivalente entre cinco mil (U$ 5,000.00) a cincuenta mil dólares (U$ 50.000).

Arto.11 Almacenamiento, manipulación o derrame de sustancias peligrosas o contaminantes.- Las personas naturales o jurídicas que almacenen, manipulen o utilicen gasolina, diesel, kerosen u otros derivados del petroleo, gas butano, insecticidas, fertilizantes, plaguicidas o cualquier otro agroquímico, sin tomar las medidas y precauciones establecidas por la legislación vigente, por cuyas causas se produzcan derrames o fugas que expongan a las personas al peligro o provoquen daños a los suelos, a la salud de la población, al medio ambiente y los recursos naturales, será sancionado con una multa equivalente en córdobas entre cincuenta mil (U$ 50,000.00) a cien mil (U$ 100,000.00) dólares, además del cierre temporal o definitivo del local y la reparación a su costa del daño causado.

Arto.12 Desechos degradables o no bíodegradables.- Las personas naturales o jurídicas que arrojen cualquier clase de basura o desechos degradables y no biodegradables de cualquier naturaleza a cauces pluviales, quebradas, ríos, lagos, lagunas, esteros, cañadas, predios vacíos, vías públicas, plazas, parques, playas o cualquier otro lugar no autorizado para ese fin será sancionado con multa equivalente en córdobas de cincuenta dólares (U$ 50.00) a un mil dólares (U$ 1.000.00). En caso de personas jurídicas la multa será el equivalente en córdobas de cinco mil dólares ( U$ 5.000.00) a cincuenta mil dólares (U$ 50.000.00).

Arto.13 Aumento de las penas.- Las penas establecidas en los artículos anteriores, serán aumentadas en cinco veces, en los siguientes supuestos, cuando:

a.- El daño se ocasione a reservorios de agua destinada para consumo humano.

b.- Se destruyan manglares o rellenen lagunas naturales o artificiales o esteros.

c.- Afecten los suelos y subsuelos de asentamientos poblacionales y la salud de las personas.

c.- Se realice dentro de las Areas Protegidas.

d.- Destruyan total o parcialmente ecosistemas costeros marítimos.

e.- Se realicen en áreas declaradas por la autoridad competente, como de especial valor biológico, ecológico, educativo, cientí fico, histórico, cultural, recreativo, arqueológico, esté tico o de desarrollo económico.

f.- Causen daño directo o indirecto a una Cuenca Hidrográfica.

g.- Afecten recursos hidrobiologicos.

h.- La quema de materiales sólidos, líquidos, químicos y biológicos se produzcan en calles o avenidas de ciudades, centros poblacionales o predios urbanos.

i.- La contaminación se produzca por imprudencia temeraria.

j.- Como producto del ruido excesivo y/o continúo se produzcan daños severos comprobados a la salud de las personas.

k.- Reincidencia en la realización del ilícito.

Arto. 14 Penas para empleados o funcionarios públicos.- Las mismas sanciones se impondrán si las conductas antes señ aladas son realizadas u ordenadas por empleado o funcionario público en el ejercicio de sus funciones, además de inhabilitarlo para ejercer empleo o cargos públicos durante dos años.

Arto. 15 Violación a lo dispuesto en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).- La persona natural o jurídica que altere, dañe o degrade el ambiente por violación de los límites y previsiones del Estudio de Impacto Ambiental, aprobado por la autoridad ambiental respectiva, será sancionado con prisión de 2 a 4 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Arto.16 Información falsa al Estudio de Impacto Ambiental (EIA).- La persona natural o jurídica autorizada para elaborar o realizar Estudios de Impacto Ambiental, que incorpore o suministre información falsa en los documentos, informes, estudios, declaraciones, auditorías, programas o reportes que se presenten a la autoridad correspondiente, permitiendo la realización o desarrollo de un proyecto u obra, que produzca daños al ambiente, a sus componentes, a la salud humana o a la integridad de los procesos ecológicos, será sancionada de 2 a 4 años de prisión.

Si por causa de lo anterior sobreviene la extinción de una especie, la destrucción de un ecosistema, reservorios o fuentes de agua o el daño es irreversible que afecte a toda una comunidad o a gran nú mero de personas, la sanción se aumentará en cinco veces de la establecida en el párrafo anterior.

Arto. 17 Funcionario que permita información falsa al EIA.- El funcionario público encargado de aprobar, revisar, fiscalizar, o dar seguimiento a los Estudios de Impacto Ambiental, que dolosamente permita la incorporación o suministro de información falsa, de conformidad al artículo anterior, será sancionado con pena de 2 a 4 añ os de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargo público por igual período.


CAPÍTULO III

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES


Arto.18 Aprovechamiento ilegal de recursos naturales.- La persona natural o jurídica que sin autorización de la autoridad competente, o excediéndose de lo autorizado, aproveche los recursos naturales, será sancionado de 6 meses a 2 años de prisión, además de restituir a su costa la situación a su estado anterior al ilícito.

Arto.19 Desvío de corrientes de aguas .-El que sin autorización de la autoridad competente, o excedié ndose de la autorización concedida, construya diques, muros de contención, obstruya, retenga, desvíe o haga disminuir el libre curso de las aguas de los ríos, quebradas u otras vías de desagüe natural afectando directamente los ecosistemas, la salud de la población o las actividades económicas será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión, debiendo además restituir a su costa la situación a su estado anterior.

Arto. 20 Impedir aprovechamiento de las aguas.- El concesionario autorizado a usar las aguas para generación de energía hidroeléctrica, que impida a las comunidades aledañas al proyecto el aprovechamiento de las aguas en cualquiera de su estado para consumo personal, será sancionado con una multa en córdobas equivalente entre tres mil (U$ 3.000.00) a quince mil (U$ 15.000.00) dó lares.

Arto. 21 Pesca en época de Veda .- El que pesque o realice actividades de extracción, recolección, captura, comercio y transporte de recursos hidrobiológicos, en áreas prohibidas o en época de veda, será sancionado con prisión de 1 a 2 dos años y el decomiso del producto.

La pena se aumentará al doble, si en dichas actividades se utilizan aperos no autorizados o prohibidos por la autoridad competente, o se capturen o extraigan ejemplares declarados amenazados o en peligro de extinción de conformidad a los apéndices dell Convenio CITES (Convención Internacional o que no cumplan con las tallas y pesos mínimos de captura establecidos por la autoridad competente.

Arto. 22 Trasiego de pesca o descartes en alta mar .- El que trasiegue productos de la pesca en alta mar o no lo desembarque en puertos nicaragüenses, será sancionado de tres a cinco años de prisión, el decomiso del producto y la cancelación definitiva de la Licencia.

Con igual pena se sancionará al que realice descartes masivos de productos pesqueros al mar o capture tiburones solamente para cortarle las aletas.

Arto. 23 Pesca sin dispositivos de conservación.- Las personas autorizadas a realizar pesca que no lleven instalado en sus embarcaciones los dispositivos de conservación y protección de especies establecidas por la legislación nacional y los Convenios Internacionales de los que el pais es suscriptor, será sancionado de dos a cuatro años de prisión.

Arto. 24 Pesca con explosivos.- El que pesque con elementos explosivos, venenos u otra forma de pesca destructiva, así como el uso de trasmallos en bocanas y arrecifes naturales será sancionado de dos años a cuatro años de prisión y el decomiso de los equipos e instrumentos utilizados.

Arto. 25 Pesca con bandera no autorizada.- El que realice actividades pesqueras con embarcaciones industriales o artesanales de bandera extranjera sin la debida autorización, será; sancionado de uno a dos años de prisión y decomiso de la embarcación.

Arto. 26 Captura de especies de la biodiversidad.- El que capture especímenes de la biodiversidad, animal ó vegetal o de recursos genéticos, sin el permiso respectivo y con el fin de traficar, comercializar o exportar, será sancionado de 3 a 5 años de prisión y con multa equivalente en córdobas entre mil (U$ 1.000.00) a diez mil (U$ 10.000.00) dólares.

Arto. 27 Caza de animales en peligro de extinción.- El que cace animales que han sido declarados en peligros de extinción por los Convenios Internacionales ratificados por el país, será sancionado de 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en córdobas de cinco a veinte mil (U$20.000.00) dólares. La pena será aumentada al doble, si la actividad se realiza en áreas protegidas.

Si la caza se realiza sobre especies de animales que no están en peligro de extinción, pero sin el permiso de la autoridad competente, o en áreas protegidas, la sanción será una multa equivalente en córdobas entre doscientos (U$ 200.00) a un mil (U$ 1.000.00) dó ;lares).

Arto. 28 Comercialización de fauna y flora.- Las personas interesadas en la comercialización o venta pública de especies de la fauna o flora silvestre, que no están catalogadas como en peligro de extinción o restringida su comercialización, deberán contar con un permiso especial otorgado por la autoridad competente. Su incumplimiento será sancionado con multa equivalente en córdobas de un mil (U$ 1,000.00) a un cinco mil (U$ 5.000.00) dó lares y el decomiso de las especies. Si hay reincidencia la pena será de prisión de 6 meses a 1 año.

Arto.29 Incendios forestales.- El que provoque de manera dolosa o incite a otros a la realización de incendios forestales o promueva actividades idóneas para su ejecución, será sancionado de 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en córdobas de cinco mil (U$ 5.000.00) a veinticinco mil (U$ 25.000.00) dólares.

La pena se aumentará al doble, cuando:

a.- Se produzca cualquier tipo de erosión o desecación de suelos, manantiales o fuente de aguas.

b.- Se afecte una superficie superior a una hectárea.

c.- Si se realiza en bosques primarios o secundarios, en áreas protegidas o en cuencas Hidrográficas.

d.- El autor obtenga beneficio económico con los efectos derivados del incendio.

Arto.30 Tala y deforestación.- El que tale, deforeste o destruya árboles o plantas en terreno baldíos, comunales, propiedad particular y vías públicas, será sancionado con multa equivalente en córdobas de trescientos (U$ 300.00) a tres mil (U$ 3.000.00) dólares.

La pena será aumentada al doble si las actividades descritas en los párrafos anteriores, se realizan en bosques primarios o secundarios en cantidades superiores a tres hectáreas, en áreas protegidas o cuencas hidrográficas.

Igual pena se aplicará al funcionario público que lo autorice o lo permita.

Se exceptúan el aprovechamiento doméstico de conformidad a lo establecido en la Ley para la Conservación, Fomento y Desarrollo del Sector Forestal, Ley 462, publicada enl 4 de Septiembre de 2003.

Arto.31 Talas en vertientes y pendientes.- El que deforeste, tale o destruya árboles o arbustos, aún siendo el propietario, destinados a la protección de vertientes o manantiales naturales o áreas de recarga, será sancionado de 2 a 4 añ os de prisión y multa equivalente en córdobas de doscientos (U$ 200.00) a cinco mil ( U$ 5.000.00) dólares. Debiendo además sembrar cinco árboles por cada árbol talado de la misma especie.

Arto.32 Corte, transporte y comercialización ilegal de madera.- El que corte, transporte y comercialize recursos forestales sin el respectivo permiso de la autoridad competente, será sancionado con prisión de dos a cuatro años y multa equivalente al doble del precio de referencia internacional del producto.

Arto.33 Corta o poda de árboles en casco urbano.- La persona natural o jurídica que corte o pode árboles que se encuentran en los alrededores de una propiedad ubicada en el casco urbano de la ciudad sin el permiso del INAFOR, será sancionado con multa equivalente en córdobas de cincuenta ( U$ 50.00) a un mil (U$ 1.000.00) dólares.

Las podas de ramas o árboles a orillas de las carreteras, avenidas, calles o bulevares deberán realizarse con el permiso deL INAFOR y utilizando las técnicas recomendadas para estos casos, su incumplimiento será sancionado con multa equivalente en córdobas de cincuenta ( U$ 50.00) a doscientos (U$200.00) dólares.

Arto. 34 Desforestación sin cumplir Estudios de Impacto Ambiental.- La persona natural o jurídica que deforeste, tale o destruya vegetación o árboles sin cumplir con los Estudios de Impacto Ambiental y las normativas técnicas y ambientales establecidas por la autoridad competente, será sancionado de 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en córdobas de doscientos (U$ 200.00) a cinco mil ( U$ 5.000.00) dólares.

Arto.35 Comercio ilegal de minerales.- Ocultar, exportar o vender sustancias minerales con fines fraudulentos se considerará como defraudación fiscal y se sancionará con una pena de 2 años a 5 años de prisión y el decomiso del producto. La reincidencia será penada con el doble de la pena establecida.


CAPITULO IV

OTROS DELITOS


Arto.36 Construcción en suelos no autorizados.- El que construya o mande a construir obras, edificios o urbanizaciones en suelos no autorizados para tal efecto, será sancionado con multa equivalente en córdobas entre dos mil (U$ 2.000.00) a diez mil (U$ 10.000.00) dólares, y la inhabilitación especial para ejercer la profesión, oficio, comercio u otros derechos relacionados con el ilícito cometido. En este caso el juez ordenará la demolición de la obra.

Igualmente se prohibe la realización y ejecución de proyectos de urbanizaciónes y asentamientos humanos, en las partes altas de las Cuencas Hidrográficas, su imcumplimento será sancionado con el doble de la pena del párrafo anterior.

Arto. 37 Daños físicos o maltrato a animales.- A la persona que se le compruebe la realización de maltratos, crueldad o ensañamiento a animales de cualquier especie, sean domésticos o no e independientemente al uso o finalidad de los mismos, aún siendo de su propiedad, causándoles daños físicos por golpes, castigos o trabajos manifiestamente excesivos que lo lleven a padecer de impedimentos o causen daños a su salud, estres o la muerte, serán sancionado con multa equivalente en córdobas de cincuenta (U$ 50.00) a quinientos (U$ 500.00) dólares.

Arto. 38 Incumplimiento de pago de cánon o multas.- Las personas naturales o jurídicas que no realicen en tiempo y forma los pagos de cánones por aprovechamiento de recursos naturales y/o el pago de las multas por sanciones impuestas por la autoridad competente, será sancionado con una pena de 1 año a cinco años de prisión.

Arto. 39 Introducción de especies exóticas.- Las personas naturales o jurídicas que introduzcan al país expecies de flora y fauna exóticas que pudieran causar daños al ecosistema y la biodiversidad, sin la debida autorización, se sancionará con prisión de seis meses a un año de prisión y una multa equivalente en córdobas de un mil (U$ 1.000.00) a diez mil (U$ 10,000.00) dólares.


CAPITULO V

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL


Arto.40 Cuantía de daños.- Toda persona penalmente responsable de un delito contra el ambiente y los recursos naturales es también civilmente si del ilícito resultan daños o perjuicios. El juez de la causa establecerá en su sentencia de manera razonada la fundamentación en que se basa para la cuantía de los daños e indemnizaciones, para lo cual deberá; auxiliarse de las actas levantadas por los técnicos e inspectores de las autoridades competentes en la materia, sin perjuicio de Los peritajes que el propio juez requiera de oficio o a petición de parte.

Arto. 41 Reparación del daño.- La reparación del daño será el restablecimiento de la situación anterior al daño ambiental, en los casos que sea posible, y subsidiariamente en la indemnización económica al Estado por el daño y perjuicio ocasionado al ambiente y los recursos naturales, incluyendo a los particulares o comunidades, en su caso.

La responsabilidad civil en la reparación del daño al ambiente y los recursos naturales no prescribe ni para el responsable directo o quien lo sustituya legalmente.

Arto. 42 Responsabilidad solidaria.- Si del ilícito resultaren varias personas responsables del daño ambiental, la responsabilidad será solidaria. El empleado o funcionario público que por acción u omisión autorice o permita la realización de acciones que causen daños al ambiente y los recursos naturales, será solidariamente responsable y responderá con su patrimonio por los daños ocasionados.

Arto. 43 Indemnización.- Los directivos o representantes de Personas Jurídicas, compañ ías o sociedades que se vean involucrados directamente en delitos contra el ambiente y los recursos naturales, responderán con su patrimonio personal cuando el de la persona jurídica, sociedad o compañ ía sea insuficiente para cubrir la reparación del daño o la indemnización correspondiente.

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Arto. 44 Sanciones penales y administrativas.- La responsabilidad civil por delitos contra el ambiente y los recursos naturales no impide las sanciones de carácter penal y administrativas a que sean merecedoras los autores del hecho.

Arto.45 Garantía financiera.- Toda actividad, obra, carreteras, caminos, represas, urbanizaciones, lotificaciones, construcción, instalación, industria, exploración y explotación de recursos naturales que una vez iniciada su ejecución vaya a producir modificaciones a las condiciones físicas, químicas o biológicas a la fauna, flora, suelo, atmósfera, agua, paisajes, estructuras y funcionamiento del ecosistema en general, está condicionada para su autorización además del Estudio de Impacto Ambiental, a la presentación de una garantí; a financiera suficiente a juicio del MARENA y la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, para cubrir el riesgo de reparación de los daños ambientales.


CAPITULO VI

DE LAS MULTAS


Arto. 46 Sentencia motivada.- En la aplicación de las multas a que se hace referencia en los artículos anteriores, los jueces y tribunales la fijaran en sentencia motivada, debiendo tomar en cuenta la situación económica del imputado, así como, la gravedad del hecho, circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó y las características y antecedentes del autor en relación con la conducta delictiva.

Arto. 47 Pago de multas.- Las multas impuestas por la comisión de Delitos contra el ambiente y los recursos naturales deberá pagarse dentro de los treinta días de haberse dictado la sentencia, pudiendo el juez a solicitud de parte establecer prórrogas o plazos mayores o cuotas sucesivas si lo estima conveniente, además de tomar las medidas necesarias en caso de no cumplir la persona condenada con el pago respectivo.

Arto. 48 Destino de las multas.- Lo obtenido como producto de las multas impuestas será manejado a través del Fondo Nacional del Ambiente, creado por la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, del 6 de Junio de 1996, y conforme a su Reglamento, Decreto 91-2001 del 15 de Octubre de 2001.


CAPITULO VII

DISPOSICIONES COMUNES


Arto. 49 Decomiso.- Sin perjuicio de la aplicación de las penas establecidas en los artículos anteriores, la autoridad judicial ordenará el decomiso de todos los instrumentos, vehículos, equipos, armas y otros objetos utilizados en la comisión de los delitos, así como, los productos, subproductos, partes, beneficios y derivados que se hayan obtenido de estos.

Lo decomisado deberá pasar a un Fideicomiso que estará bajo la responsabilidad y custodia del MARENA con el objetivo de financiar total o parcialmente proyectos o programas dirigidos a la protección o reparación del ambiente o para sufragar los costos para la devolución de las especies de la fauna silvestre a su habitat o apoyar la manutención de las mismas en los zoologicos establecidos en el país.

Arto.50 Suspensión de la pena de prisión.- La autoridad judicial que conoce de la causa, podrá suspender o reemplazar la pena de prisión, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones de mitigación, restauración, reparación del daño y de otras responsabilidades, de conformidad a la valoración técnica que realice la autoridad ambiental competente.

Arto. 51 Reparación voluntaria.- Se podrá suspender la acción penal si el culpable de la realización de cualquiera de los delitos tipificados en los artí culos anteriores, hubiera voluntariamente ejecutado la reparación del daño causado, siempre y cuando este no sea grave, sus efectos sean reversibles y se cumpla con las obligaciones de mitigación, restauración , reparación del daño y otras responsabilidades, para lo cual el juez de la causa tomará en consideración la valoración técnica que realice la autoridad ambiental competente.

Arto. 52 Suspensión de Licencias o permisos.- Las personas jurídicas que promuevan, ocasionen, subsidien o dirijan algunos de los hechos tipificados como delitos en esta Ley, serán sancionados con la suspensión de la licencia o permiso de operaciones de uno a tres años, según la gravedad del daño causado y la inhabilitación para contratar con la administración pú blica por un plazo de dos años.

Arto.53 Atenuantes.- Serán consideradas como atenuantes por la autoridad judicial, aplicables a los delitos establecidos en esta Ley y reduciendo la pena hasta las dos terceras partes en los casos siguientes:

a.- Cuando el ilícito se realice por razones de subsistencia y en áreas de extrema pobreza.

b.- Cuando los autores o el autor muestre arrepentimiento activo y repare y compense inmediatamente el daño causado o restaure o mitigue los efectos causados.

Arto. 54 Dictamenes técnicos.- Las autoridades civiles y militares competentes deberán colaborar con el judicial de la causa brindando los dictámenes técnicos o periciales necesarios para el esclarecimiento de las denuncias presentadas por la comisión de delitos contra el ambiente y los recursos naturales establecidos en la presente Ley.

Arto. 55 Perímetro para corte de árboles.- El perímetro de prohibición de cortar árboles y arbustos comprende para los efectos de esta Ley, un radio de 400 metros arriba de los manantiales que nacen en la montaña, y una faja de 200 metros medidos de cada orilla de las vertientes en toda la extensión de su curso, o dentro de un radio igual a 200 metros alrededor de las fuentes que nacen en terrrenos planos, ya sea o no que se transformen o no en corrientes temporales o permanentes.


CAPITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES


Arto. 56 Incorporación al Código Penal.- Las disposiciones establecidas en esta Ley serán incorporadas como un Tercer Libro al Código Penal vigente y en cuanto al procedimiento, se sujeta a lo establecido en el Código Procesal Penal (CPP) vigente.

Arto. 57 Vigencia.-La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de del año dos mil uno

PRESIDENTE SECRETARIO